Buenos Aires y Montevideo procuran solucionar la controversia causada por la instalación de la fábrica de pasta de celulosa Orión

Marcela Valente

El atajo del control mutuo

SURda

 

IPS

Un sistema de inspecciones recíprocas entre Uruguay y Argentina, similar al acordado por este último país con Brasil para el desarrollo nuclear, puede servir de modelo para zanjar definitivamente la disputa bilateral por una planta de celulosa instalada en la costa uruguaya de un río limítrofe.

"Un cuerpo de inspectores para el control ambiental mutuo generaría confianza y podría extenderse al Mercosur (Mercado Común del Sur)", dijo a IPS Federico Merke, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la privada Universidad de El Salvador, aludiendo al bloque que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Buenos Aires y Montevideo procuran encausar las relaciones bilaterales afectadas por la controversia causada por la instalación de la fábrica de pasta de celulosa Orión sobre el margen oriental del río Uruguay, en el país homónimo.

La fábrica Orión, del grupo finlandés UPM y que antes era propiedad mayoritaria y operaba la coterránea Botnia, produce unas 3.000 toneladas diarias de pasta para fabricar papel.

Su ubicación, cercana a la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, es resistida por vecinos y ambientalistas del lado argentino del río por temor a que contamine el aire y el caudaloso curso de agua de manera irreversible.

Merke recordó que Argentina y Brasil crearon un cuerpo de contralor que desde hace 18 años verifica el uso pacífico del desarrollo atómico en ambos países.

La Agencia Brasileño-Argentino de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares lleva realizadas unas 1.200 inspecciones en minas, depósitos y centrales atómicas. En 2009 se efectuaron 58 en Argentina y 60 en Brasil.

"Es un modelo exitoso y original observado con interés por técnicos de India y Pakistán", destacó, en referencia a esos dos países en desarrollo con arsenales atómicos y enfrentados históricamente.

Esa idea podría aplicarse a plantas de celulosa, frigoríficos o curtiembres en los márgenes del río Uruguay y en otros limítrofes, en empresas públicas o privadas, subrayó Merke.

Pero para Raúl Estrada Oyuela, ex director de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, el problema no pasa por ese lado. "No es que falten recursos humanos para estudiar los problemas y formular soluciones, sino que esto no está en la agenda política", advirtió a IPS.

El ex funcionario entiende que "una política ambiental común es posible, pero improbable". Debería ampliarse a todo el Mercosur, pero "las extensiones del propósito mercantil original del bloque, como el tema ambiental o el cultural, permanecen en un plano subsidiario y no consiguen despegar".

Estrada Oyuela consideró que para que exista un "entendimiento integral" sobre los ríos que comparten Argentina y Uruguay "se requieren políticas ambientales respaldadas con leyes y medidas efectivas" en cada país.

La radicación de la planta UPM pasó a la consideración internacional luego de que el gobierno de Argentina llevó el asunto hasta la Corte Internacional de Justicia, impulsado por la protesta de los vecinos de la oriental ciudad de Gualeguaychú, ubicada río de por medio a una distancia de 35 kilómetros de la fábrica. Tras el fracaso de gestiones diplomáticas para acercar las posiciones entre ambos países, Buenos Aires presentó en 2006 una denuncia ante el tribunal con sede en La Haya, con el argumento de que Montevideo, al autorizar la construcción de la planta, había incumplido con el Estatuto del Río Uruguay, que norma la gestión conjunta de esas aguas.

La Corte emitió este año un fallo salomónico. Concluyó que Uruguay incumplió con algunos aspectos del tratado, pero remarcó también que no había pruebas concluyentes de que la fábrica, en actividad desde hace dos años, contamine.

La sentencia no conformó a los miembros de la llamada Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, pero promovió sí un acercamiento entre los dos gobiernos tendiente a recuperar el vínculo dañado por el prolongado conflicto.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su par de Uruguay, José Mujica, "mostraron tener sintonía", según Merke, y ahora estudian cumplir con el fallo que recomendó el control y vigilancia ambiental del río.

El trabajo fue encomendado a la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es el organismo técnico encargado de la administración del recurso compartido. Pero aún quedan cuestiones políticas pendientes que podrían trabar la solución.

Aunque está en camino de lograrlo, la presidenta Fernández no pudo conseguir aún, como conversó con Mujica, que los vecinos en protesta despejen la carretera de acceso a uno de los tres puentes que unen a ambos países sobre el río Uruguay, bloqueada desde fines de 2006.

El gobierno argentino en principio y cuando era encabezado por Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y predecesor de Fernández, apoyó a los vecinos y ambientalistas, después se mantuvo distante y ahora busca forzar el desbloqueo, aunque ha asegurado que no recurrirá a las fuerzas de seguridad para hacerlo.

El camino seguido fue la justicia y por eso presentó esta última semana una denuncia penal contra líderes y algunos de los manifestantes por diversos delitos vinculados a la protesta.

Fue un cambio de estrategia a partir del fallo del tribunal con sede en La Haya, que se consolidó en sucesivas reuniones de los dos gobiernos.

Por su parte, Uruguay no rechaza el estudio conjunto del río, pero manifiesta resistencia a aceptar inspecciones dentro de la fábrica en cuestión, por reparos de soberanía y aduciendo que esa posibilidad no está contemplada en el Tratado del Río Uruguay.

En ese marco, Merke y otros expertos consideran que ambos países deben avanzar en un modelo de cooperación bilateral, e incluso sub-regional, que esté al margen de cuestiones internas como es el bloqueo de ruta en Gualeguaychú.

La iniciativa de crear una agencia ambiental regional, que permitiría crear mecanismos de control ambiental mutuo, será llevada al Parlamento del Mercosur por el diputado argentino Fernando Iglesias, de la opositora Coalición Cívica.

Para Merke, esa opción es necesaria aunque incómoda, no sólo para Uruguay sino también para Argentina. "Las papeleras (y fábricas de celulosa) que están en territorio argentino utilizan una tecnología mucho más atrasada" que la de Orión, alertó.

Asimismo, advirtió que la gran contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, en Buenos Aires y que desemboca en el compartido Río de la Plata, evidencia la dificultad de Argentina para cumplir con altos estándares de calidad ambiental en sus ríos.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/ nota.asp?idnews=95679